Fabián II Yaksic Feraudy*
A más de un año debatiendo el Pacto Fiscal en 15 sesiones de la Comisión Técnica (CTPF) y nueve del Consejo Nacional de Autonomías (CNA), el diálogo ha perdido el rumbo, por la manera como el Gobierno Nacional ha encarado este proceso, estableciendo que el mismo no implicaría ningún tipo de modificaciones al régimen económico financiero sino meros ajustes administrativos que mejoren la gestión subnacional. En este tiempo se logró apenas resumir los “acuerdos y disensos” en un documento de tres hojas denominado eufemísticamente “Mandatos y alternativas de financiamiento”, que no son otra cosa que 25 buenas intenciones y potenciales fuentes alternativas de financiamiento que serán abordadas en otras nuevas comisiones y consejos sectoriales a constituirse.
El país tuvo dos reformas fiscales importantes, en 1986 con la Ley 843 estableciendo un nuevo régimen tributario; y en 1994-95 con la Ley de Descentralización Administrativa y Ley de Participación Popular que municipalizó el país estableciendo la distribución automática de la Coparticipación Tributaria por población a todos los Gobiernos Municipales, quitando a las Prefecturas (hoy Gobernaciones) esta fuente de recursos y condenándolas a una dependencia de fuentes volátiles a los precios internacionales de exportación de materias primas (hidrocarburos y minería). El régimen económico financiero vigente desde hace más de 30 años ha provocado profundas asimetrías o desequilibrios entre regiones, perjudicando y postergando especialmente el desarrollo del Departamento de La Paz, cuya Gobernación es la entidad pública que menos recursos públicos dispone para el ejercicio de sus competencias. La Paz recibe apenas el 6% del total de los recursos transferidos a los Gobiernos Autónomos Departamentales (GADs), siendo el Departamento más poblado, con el 27% del total de la población nacional, según el CNPV del 2012. El Departamento de La Paz es el que contribuye con el 35% del total de impuestos recaudados en el país, que sumando la recaudación tributaria del Departamento de Santa Cruz, ambos aportan el 78% de los impuestos con los que se financia la inversión pública nacional, departamental y municipal.
Urge una tercera reforma fiscal, acorde con el nuevo régimen autonómico contemplado en la CPE que corrija al menos las asimetrías provocadas e implemente una agenda fiscal mínima, orientada especialmente a resolver las dificultades del nivel intermedio de gobierno (GADs). De todos los niveles del Estado, son los Gobiernos Autónomos Departamentales que hoy cuentan con menos recursos públicos y más competencias que hace 12 años, a diferencia del Gobierno Nacional y los Gobiernos Municipales, que gracias a los recursos de la Coparticipación Tributaria, cuentan con fuentes que les da mayor estabilidad financiera y que se han incrementado en el mismo período.
Los GADs están en crisis e insolvencia financiera, y requieren alternativas de financiamiento más estables, entre las que podemos mencionar las siguientes: 1. Incrementar la Coparticipación Tributaria de los GADs del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD); 2. Transferir a los GADs dominios tributarios nacionales cuyos hechos imponibles signifiquen una importante recaudación (ICE u otros); 3. Modificar las fuentes y propósito del Fondo de Compensación dirigido a aquellos GADs que cuenten con recursos per cápita por debajo del promedio nacional; 4. Restituir a los GADs el 10% en la Coparticipación Tributaria de los siete impuestos nacionales Impuesto al Valor Agregado (IVA), Régimen Complementario al IVA (RC-IVA), Impuesto a las Transacciones (IT), Gravamen Arancelario (GA), Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), Impuesto a las Salidas al Exterior (ISAE).
Adicionalmente el diálogo nacional del Pacto dejó varios temas pendientes a resolver, entre los que podemos mencionar los siguientes: 1. Devolver los recursos del IDH que hoy siguen financiando competencias nacionales (prediarios del régimen penitenciario, bono de vacunación, fondo de Exploración y Explotación de Hidrocarburos); 2. Cumplir lo establecido en el artículo 368 de la CPE en sentido de que los GADs de los Departamentos NO productores de Hidrocarburos (La Paz, Oruro y Potosí) deben recibir un porcentaje de estas regalías. Ya Beni y Pando lo hacen; 3. Establecer acuerdos voluntarios de concurrencia de la inversión pública departamental para el financiamiento de caminos de la Red Fundamental de competencia nacional, en función de los planes viales y la disponibilidad de recursos para contrapartes de cada Gobernación. 4. El Gobierno Nacional debe ajustar la normativa y los procedimientos existentes, a objeto de establecer mecanismos expeditos de libertad de gestión directa e irrestricta de las Entidades Territoriales Autónomas, ante los organismos de cooperación internacional, para el acceso a créditos y/o donaciones, como fuentes alternativas de financiamiento de la inversión pública departamental y municipal.
De no lograrse una nueva reforma fiscal, que al menos consolide la base material de los GADs, y puedan ejercer plenamente sus competencias, el “diálogo” habrá terminado sin pacto fiscal y seguirán las autonomías tuteladas desde el nivel central del Estado.
*Fabián II Yaksic Feraudy, ciudadano paceño de la República Plurinacional y Autonómica de Bolivia, ex Vice Ministro de Descentralización, ex Diputado Nacional. Actual Director del Servicio Departamental de Autonomías de La Paz, GADLP.
